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Selección de algunos casos judiciales contenidos en el libro Por la Fronteras de la Ley

En abril de 1990 en el parque general San Martín de Mendoza, se produjo la primera desaparición forzada de personas luego de la dictadura militar. Raúl Baigorria y Adolfo Garrido fueron detenidos, torturados, secuestrados y desaparecidos por la Policía de Mendoza. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la investigación se hizo en la justicia provincial y federal.
El gobernador era José Octavio Bordón

En 1992 una nueva desaparición forzada sacudió a Mendoza. Una noche luego de un baile, Paulo Cristian fue detenido por personal policial de la Estanzuela y jamás fue encontrado. Intervino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la justicia provincial y federal.

Era gobernador Rodolfo Gabrielli.

En el año 2016 salió a la prensa denuncias de alumnos sordos e hipoacúsicos del Instituto Próvolo en Luján de Cuyo, por abusos sexuales que se cometían por personal administrativo y sacerdotes.

Luego la acusación se amplió hacia nueve mujeres, entre ellas monjas, directoras, cocinera y psicóloga que fueron juzgadas en un segundo juicio, donde fueron absueltas luego que se confirmara la contaminación y la poca fiabilidad de sus relatos.

La instrucción judicial se demostró en el juicio fue mediocre, interesada y manipuladora.

Monzer al Kassar, ciudadano sirio, del mismo pueblo que el presidente Carlos Menem fue acusado junto a toda su familia de obtener la residencia y la ciudadanía argentina en la justicia federal.

La vida y antecedentes de Al Kassar de alto perfil mediático llenaron la prensa durante años este asunto judicial que terminó con una condena de la justicia federal mientras fue detenido en España y deportado a Estados Unidos donde luego también fue condenado.

Luego de la crisis de Argentina en el 2001 con la caída del Gobierno de Fernando de La Rúa, se produjo el “corralito bancario” que hizo crisis también en Uruguay.

El Grupo Peirano, propietario de Bancos y otros emprendimientos cayó y sus directivos, la familia Peirano Basso, fue detenida en un proceso judicial altamente mediático.

Su caso fue tramitado ante la CIDH que recomendó su libertad y las reformas judicial al sistema procesal penal de Uruguay